[PULSO CIUDAD] Accesibilidad Universal: una deuda pendiente de la ciudad

[PULSO CIUDAD] Accesibilidad Universal: una deuda pendiente de la ciudad

Por: Efraín Moraga  Pulso Ciudad

Expertos aseguran que si bien este concepto es una necesidad para las personas con discapacidad, finalmente se trata de un beneficio para todos. Además, explican que se han realizado importantes avances desde el punto de vista normativo, pero que hace falta un cambio cultural en la sociedad que permita poner en práctica la ley, cuyos resultados se verán en el largo plazo.
El último Estudio Nacional de Discapacidad del Instituto de Estadísticas (INE), muestra que el 19,9% de la población adulta en zonas urbanas tiene algún grado de discapacidad, por lo que la Accesibilidad Universal, que busca garantizar el acceso inclusivo al mobiliario urbano público y privado, se transforma en un desafío urgente para la ciudad de cara al futuro.


En 2010 entró en vigencia la Ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. En ella se establece que deben ser accesibles los edificios de uso público y aquellos que presten un servicio a la comunidad. Además, se incluye a todas las obras que el Estado o los particulares ejecuten en el espacio público al interior de los límites urbanos, al transporte y a los bienes nacionales de uso público.

“La Accesibilidad Universal es una necesidad para las personas con discapacidad, pero es un beneficio para todos los demás, porque permite que la infraestructura sea de uso mucho más cómodo para todo el mundo y a la vez elimina las barreras para aquellas personas que tienen alguna discapacidad”, explica Ximena Rivas, directora de la ONG Incluye360 y ex directora nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).

Desde la ONG aseguran que el principal cambio que se debe realizar en cuanto a accesibilidad universal es cultural. Además, destacan que desde el punto de vista normativo se ha avanzado bastante con la nueva Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que incorpora criterios de accesibilidad universal y cuyos errores son perfectibles, pero que aún quedan materias pendientes. “El problema es que este tipo de normativa todavía no se entiende o no se dimensiona su importancia, entonces se produce un rechazo”, asegura Rivas.

Para algunos expertos, prueba de ello es la falta de capacitación que existe por parte de los actores involucrados, tanto del sector público como privado, quienes tienen la responsabilidad de implementar y fiscalizar el cumplimiento de esta normativa.
“Los plazos están corriendo y no se ha notado mayor preocupación, desde el punto de vista de todos los actores involucrados, por capacitarse y conocer los contenidos de la norma y sus aplicaciones. Sentimos que el mercado todavía no ha reaccionado a la importancia que tiene dominar y saber implementar esta normativa”, asegura Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, casa de estudios que dicta uno de los pocos diplomados en Técnicas de Accesibilidad Universal, Entornos y Estrategias Inclusivas.

En esa misma línea ha concentrado sus esfuerzos la ONG Incluye360, quienes actualmente están trabajando en capacitar a empresas y arquitectos en la aplicación de la normativa sobre Accesibilidad Universal. “Estamos trabajando en capacitar arquitectos y en tratar de que las empresas entiendan esta nueva normativa y la apliquen, no sólo para cumplir la Ley y no les cobren una multa, sino que buscamos que se entienda la lógica que hay detrás, y esa comprensión todavía no está”, explica Rivas.

Desde la Corporación Ciudad Accesible aseguran que confían en la Ley 20.422 sobre Accesibilidad Universal y que ésta tiene los elementos necesarios para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad. Además, explican que el Decreto 50 de la OGUC trae ordenanzas positivas, tales como: “Ruta Accesible”, iniciativa que ayuda a mejorar la inclusión en el entorno urbano de las ciudades.

“Cuando se diseña desde la Accesibilidad Universal, por medio de esta herramienta que ha dado la ordenanza, vamos a tener espacios utilizables por todos, tanto en la parte urbanística como en edificación”, manifiesta Andrea Legarreta, coordinadora de Corporación Ciudad Accesible.

Desde Senadis aseguran que es indispensable cumplir con los plazos que entrega la Ley 20.422 en materia de accesibilidad. Por ejemplo, todos los bienes nacionales de uso público y los sistemas de transportes deben ser accesibles al 2018 y que los edificios deben cumplir con esta condición en marzo de 2019.

“Todas las instituciones y organizaciones, públicas o privadas, deben comprender y establecer el compromiso de incorporar la Accesibilidad Universal, más allá de una ley que los obligue, en sus entornos, bienes, productos, servicios, tecnologías y herramientas, con el fin de que sean practicables, comprensibles y utilizables para todas las personas”, explica Daniel Concha, director nacional de Senadis.

Para lograr los objetivos que propone la ley sobre Accesibilidad Universal, todos los actores de la sociedad deben comprometerse con la causa y trabajar en línea con los requerimientos que propone la normativa, aseguran desde Senadis. “Para concretar la instalación efectiva de esta variable, se requiere del compromiso firme de todos los sectores de la sociedad, tanto a nivel estatal como social, el cual puede trabajarse desde las bases enseñando desde la escuela conceptos como Inclusión, así como también, fortaleciendo y apoyando políticas públicas y estrategias multisectoriales en materia de Accesibilidad Universal”, explica Concha.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que es otro de los llamados a avanzar en la incorporación de estas políticas, ha incorporado este enfoque en las políticas, programas y obras de vivienda, barrio y ciudad, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

“Hemos trabajado en soluciones habitacionales pertinentes, avanzado en una estrategia intersectorial asociada; propiciado la participación de personas con discapacidad en el diseño y gestión de proyectos habitacionales, urbanos y barriales que faciliten su integración e inclusión social; incentivado la investigación y certificación de tecnologías constructivas o diseños pertinentes para personas con discapacidad”, asegura Paulina Saball, ministra de Vivienda y Urbanismo.

A pesar de que se han desarrollado todos estos planes y proyectos, los expertos aseguran que aún queda camino por recorrer, sobre todo en la infraestructura urbana, donde se tienen que realizar nuevas obras para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Además, hacen un llamado a revisar los proyectos que ya se encuentran en ejecución para que cumplan con la normativa.

“Hoy Santiago es más accesible que hace cinco años, la gente lo reconoce como tal. Una persona puede ir a trabajar o estudiar desde su casa al lugar en lo hace, pero en 20 años vamos a poder ver el resultado de la normativa de hoy, que significa la remodelación de las calles, el repavimentamiento de las veredas, el borde costero ya construido y cuando las plazas y parques que hoy se están construyendo estén consolidados”, dice Andrea Boudeguer, directora ejecutiva de la consultora especializada BAU Accesibilidad.

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